El agua como bien común

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El sábado 25 de abril, se llevó a cabo en el departamento de Tacuarembó, la 1º marcha en defensa del acuífero Guaraní. Entre las consignas se propone no sólo la defensa del acuífero sino la del agua como bien común y la lucha contra el fracking que coloca en peligro de contaminación a la misma. La marcha tuvo una composición diversa, incluyendo colectivos de todo el país, así como compañeros de Argentina y México, en defensa de la tierra y el agua.

El colectivo Paysandú libre de fracking señaló que la consecuencia inmediata del fracking es la contaminación de las reservas de agua subterránea, en tanto la misma se mezcla con químicos de alta peligrosidad, metales pesados, hidrocarburos y materiales radioactivos, a su vez un aumento en la expulsión de gases de efecto invernadero como el metano, y una violentación directa de las actividades que se encuentren próximas a la zona de explotación, tales como la agricultura, ganadería y el turismo.

El fracking o fractura hidráulica es la técnica usada para extraer el gas no convencional o petróleo, almacenado en pequeños poros o burbujas de rocas impermeables en el subsuelo. Para la extracción no basta con la perforación (como en el gas convencional) sino que además se debe fracturar la roca para que el gas pueda salir. Primero, se perforan verticalmente miles de metros hasta llegar a la roca, para después hacer una perforación horizontal de varios kilómetros y posteriormente fractur la roca con una mezcla de arena y agua que contiene una variedad de productos químicos muy tóxicos (cancerígenos entre ellos). Esta mezcla mantiene las fracturas abiertas y permite salir el gas, del cual se recupera un porcentaje del 15% al 80%.

Panorama actual

Las especulaciones en torno a la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking se centra hoy en Uruguay en los departamentos de Durazno, Paysandú, Salto, Tacuarembó, Artigas y Rivera.  ANCAP (refinería de combustible estatal) firmó un contrato con YPF de Argentina y la empresa estadounidense Shuepbach Energy. Con esta última el contrato firmado es a 30 años y le permite a la misma la exploración y posible explotación mediante el fracking. Se denuncia que el contrato firmado entre ANCAP violenta la soberanía en tanto el ente estatal y la empresa negocian en pie de igualdad jurídica, resultando imposible la modificación del contrato por una de las partes, si se decide por ejemplo que no se quiere realizar una explotación mediante el fracking, ANCAP no posee la capacidad para anular el contrato por sí misma y la disputa se resolvería en organismos internacionales. También se denuncia que el contrato firmado carece de trasparencia en tanto el Ministerio de Industria, Energía y Minería se negaba a hacerlo público y fue necesario recurrir a la justicia para poder acceder al mismo.
La explotación mediante el fracking en estos departamentos pone en peligro el Acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo, extendiéndose por debajo de la superficie de una parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La contaminación del Acuífero pondría en peligro a su vez las aguas superficiales de ríos y arroyos, causando daños irreversibles para los seres vivos.
En este marco comenzaron a reunirse colectivos en defensa del agua y la vida, en Paysandú y Tacuarembó se comenzó a presionar por la prohibición del fracking, esto llevo a que las Juntas Departamentales de estas localidades declararan a estos departamentos como libres de fracking. Sin embargo la cámara de representantes anuló el decreto de la Junta Departamental de Tacuarembó, mostrando el direccionamiento político del gobierno.

Sinergias

La marcha realizada el sábado 25 de Abril, contó con la participación de numerosos y diversos colectivos, ya que la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales (ANP), se había reunido más temprano ese día en Tacuarembó en su 7° asamblea nacional. Contó con la participación de más de 30 colectivos, entre ellos grupos de descendientes de indígenas, sindicatos, colectivos de productores, colectivos en lucha por la tierra y la soberanía, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, compañeros de la Asamblea Ciudadana de Concordia (Argentina), compañeras Mexicanas provenientes de Chiapas que integran el EZLN y de las comunidades indígenas Yaqui. Remarcamos especialmente la participación del grupo de jóvenes de Piedra Sola, en el entendido de la importancia que tiene la organización de los jóvenes para luchar por el cuidado de los bienes comunes. La marcha, realizada a caballo, en bicicletas y a pie, contó con la participación de más de mil personas y culminó con un espectáculo en la Plaza Colón de la ciudad de Tacuarembó, en el cuál también los jóvenes tuvieron un lugar de importancia, culminando el espectáculo al grito de ‘'el agua es vida''.

La violación de la soberanía es violencia hacia el pueblo

En el año 2004 en Uruguay, se realizó mediante una masiva lucha popular una reforma constitucional que estableció al agua como un recurso natural esencial para la vida y el acceso a dicho recurso en su calidad potable, como un derecho humano fundamental. A su vez la reforma exige un cuidadoso tratamiento del agua y la prohibición por lo tanto de cualquier práctica que ponga en peligro el medio ambiente. El gobierno no cumple con la reforma, ya que es noticia constante en nuestro país la mala calidad del agua, provocada por los químicos del monocultivo y el exceso de fósforo. La extracción de hidrocarburos mediante el fracking acorde a la reforma constitucional, debe ser prohibida ya que pone en peligro directo las fuentes de agua, aunque poco le importa al estado que atropella constantemente nuestra soberanía a favor de las empresas capitalistas y su acumulación de ganancia.
El proyecto del fracking en nuestro país se instala en el marco de un avance del capital en la apropiación y privatización de los bienes comunes, para la acumulación de ganancia, sin importar los riesgos ambientales y sociales que este tipo de explotación pueda generar. Como en otros proyectos, las empresas trasnacionales negocian en pie de igualdad con el estado, lo cual es algo que siguiendo las advertencias del fiscal Enrique Viana 1 , pone en peligro la soberanía nacional.

Viejos y nuevos desafíos

América Latina, históricamente subordinada a las potencias centrales y al capital financiero internacional, en su búsqueda de mano de obra barata y recursos naturales, se encuentra en el ojo del huracán extractivista: diversos mega proyectos que involucran la extracción de recursos como la megaminería, pasteras de celulosa, fracking, regasificadoras, forestación y monocultivo sojero, y los correspondientes proyectos que tienen que ver con la movilidad y salida de los recursos como mega carreteras y puertos de aguas profundas enmarcadas en el Plan IIRSA. Estos configuran un escenario de saqueo sin precedentes, de nuestros bienes comunes; saqueo avalado por los gobiernos de turno, que hoy en día mediante una discurso de progreso y desarrollo industrial, en lo que caracterizamos como modelo neo-desarrollista, hipotecan el futuro de nuestros pueblos al servicio del capital financiero internacional. 
El desafío para los colectivos que defienden los bienes comunes y la vida se presenta en la lucha contra las empresas trasnacionales y las políticas de estado que pretenden facilitar el saqueo. A su vez la lucha contra los megaproyectos y esta política de estado debe articularse como una lucha de conjunto contra el sistema capitalista, que pone en peligro mediante los desastres ambientales producidos por la explotación de los bienes comunes la vida misma.

1 Fiscal Enrique Viana, denominado el ‘'fiscal verde'' por su lucha contra diversos megaproyectos como las pasteras y la mega-minera Aratirí. Ahora en lucha contra el TISA

Fuente: http://www.zur.org.uy/content/el-agua-como-bien-com%C3%BAn